Contexto del caso y acusaciones de interferencia
El proceso contra Santos Cerdán, que enfrenta al expresidente de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción, ha cobrado una nueva dimensión tras la supuesta valoración del Tribunal Supremo sobre su estrategia defensiva. Según fuentes cercanas al juzgado, varios magistrados habrían expresado, de manera anónima, que la manera en que el equipo de Cerdán conduce su defensa resulta "insultante" y recuerdan tácticas empleadas en los juicios del "procés" catalán.
Esta crítica no quedó en susurros. Los defensores de Cerdán consideran que la difusión de esas opiniones vulnera el principio de imparcialidad y constituye una brecha grave de la ética judicial. El mensaje que se habría filtrado sugiere que los magistrados no sólo cuestionan la forma de actuar del acusador, sino que también comparan la defensa con aquellas utilizadas para desestabilizar procesos políticos en Cataluña.
En respuesta, el despacho del presidente del Tribunal Supremo ha recibido una denuncia escrita del equipo legal de Cerdán, en la que se reclama la apertura de un procedimiento informativo para identificar a los autores de los comentarios y valorar posibles sanciones disciplinarias. Los abogados subrayan que la publicación de esas opiniones, aun sin nombres, afecta directamente al derecho fundamental a una defensa sin presiones externas.
Reacción de la defensa y petición de investigaciones
Los abogados de Cerdán han detallado en la queja que la exposición de esas posturas “interfiere de forma peligrosa con la actuación de los operadores jurídicos, y concretamente con los abogados”. Argumentan que la crítica pública, aun de forma anónima, podría modificar la conducta procesal de las partes y crear una atmósfera de desconfianza que perjudique el normal desarrollo del juicio.
Ante lo ocurrido, la defensa ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que verifique si, efectivamente, el Tribunal Supremo mantiene una posición ofensiva contra su estrategia legal. Asimismo, piden que se investiguen los canales de comunicación internos del máximo tribunal para determinar el origen de la filtración y prever medidas que impidan futuras filtraciones de este tipo.
En otro frente, el equipo de Cerdán ha desmentido los rumores de visitas al preso por parte de figuras políticas como José Luis Ábalos y Koldo García, precisando que únicamente familiares y abogados pueden tener acceso al interior del centro penitenciario.
El caso reaviva el debate sobre la separación de poderes y la necesidad de preservar la confidencialidad de las deliberaciones judiciales. Si se confirma que miembros del Tribunal Supremo han emitido críticas públicas, aunque de forma anónima, podría abrir la puerta a nuevas normas de protección de la información interna y a posibles sanciones para los involucrados.
Mientras tanto, la defensa de Cerdán continúa su trabajo en el proceso penal, manteniendo que la estrategia adoptada es plenamente legal y que cualquier intento de menoscabarla compromete la garantía de un juicio justo. La cuestión queda ahora en manos de los órganos de control judicial para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del sistema judicial español.
